El presidente del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Río Negro (CMFRN), Héctor Leguizamon Pondal, participó de la última asamblea de la Federación Argentina de la Magistratura (FAM), la cual se realizó en la ciudad de San Miguel de Tucumán días atrás.
También estuvieron presentes, representantes de las provincias de Buenos Aires, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, Tucumán, y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Entre los temas abordados, se destaca la desfederalización y combate de delitos vinculados a los estupefacientes; dificultades en la prestación del servicio de Justicia por numerosas vacantes en la planta del personal de la provincia de San Juan; preocupantes situaciones respecto al resguardo a la independencia judicial en la provincia de San Luis; alarmante retraso en el nivel salarial en las provincias de Catamarca y Chaco, encontrándose los haberes por debajo de la media nacional; y esfuerzos desplegados por la Asociación de Magistrados de Tucumán a fin de avanzar en la integración con los Funcionarios del Poder Judicial de dicha provincia, bajo el objetivo de concretar el genuino asociacionismo.
En relación a la desfederalización y combate de los delitos vinculados con estupefacientes, directivos de la FAM, expresaron que “un problema de la gravedad de esta pandemia que afecta a nuestra sociedad no sólo puede resolverse con decisiones administrativas ni palabras en papeles. Frente a un negocio que produce corrupción, enfermedad y muerte la respuesta estatal debe ser responsable y proporcionada, atacando el centro del negocio y no únicamente a los eslabones más fáciles de reemplazar”.
En este sentido, la FAM “considera necesario poner de resalto las múltiples cuestiones que derivan de la posible adhesión a la ley 26.052, tales como aspectos presupuestarios, funcionales (necesidades de coordinación de competencias) y disponibilidades de instituciones de salud que puedan dar respuesta a los objetivos que dicha ley plantea. Es imprescindible observar que una eventual decisión de adherir a la desfederalización obligaría a tomar en cuenta de modo riguroso, exhaustivo y serio su forma de implementación y la asignación de las partidas presupuestarias necesarias que permitan adecuar las estructuras funcionales -entre ellas la implementación de la policía judicial- a los requerimientos que esta competencia supondrá de modo de no afectar la capacidad de los órganos jurisdiccionales ni de los Ministerios Públicos”.
Al respecto, referentes de la Federación concluyen que “a su vez es imprescindible tener en cuenta la adecuación de los servicios de salud a fin de poder alcanzar los objetivos de la norma”.