AVANCES SOBRE LA INDEPENDENCIA JUDICIAL

23 febrero, 2022

Comunicado de la Federación Argentina de la Magistratura

El régimen especial de jubilaciones no es el problema, avasallar la justicia no es la solución.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM), entidad que
nuclea a 16.700 magistradas/os y funcionarias/os de los sistemas judiciales de las 23 provincias
y de CABA, debe expresar, una vez más, públicamente su rechazo a un nuevo intento de
modificar una ley que –vale remarcarlo- ya fue modificada por este gobierno hace menos de dos
años.
El régimen especial de jubilación de la magistratura se sostiene con el aporte de sus
integrantes –durante 30 años, en un porcentaje ampliamente mayor al de los demás aportantes,
calculándose su haber con el promedio de los últimos 10 años de aporte- por lo que su incidencia
en las cuentas públicas es insignificante.
Por eso este régimen especial no es un privilegio sino el resultado de los años y los
porcentajes aportados. No hay que perder de vista que el número de aportantes al sistema es muy
superior a la cantidad de jubiladas/os y pensionadas/os, lo que lo hace notoriamente sustentable.
El régimen es especial como consecuencia de las incompatibilidades de magistradas/os y
funcionarias/os con cualquier otra actividad económica.
Las consideraciones que se realizan implican un desconocimiento de las realidades de los
sistemas judiciales de las justicias provinciales y de CABA. Se habla de salarios y jubilaciones
con cifras que en nada se asemejan a las que percibe la mayoría de quienes atienden el 85% de
los conflictos judicializados del país. Se ataca al sistema judicial en un debate que sólo pretende
distraer la discusión de los verdaderos ejes del problema y de las medidas conducentes a
solucionarlo.
La Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial exhorta a los poderes
del Estado y a todos los sectores políticos a no debilitar, con iniciativas como esta, criterios
básicos de todo estado constitucional de derecho, como el de la independencia judicial, y que
son el resguardo de los derechos de la ciudadanía toda. La independencia judicial es una garantía
instituida en beneficio de la sociedad, y no un privilegio de los operadores judiciales.