La JUNTA DE GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN ARGENTINA DE LA MAGISTRATURA Y LA FUNCIÓN JUDICIAL en Asamblea Extraordinaria, realizada en la Ciudad de Resistencia los días 29 y 30 de setiembre de 2022, y luego de un extenso y profundo debate sobre los temas objeto de convocatoria y con la asistencia de los representantes de las provincias de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Chubut, Córdoba, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, La Pampa,
Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Fe, Tucumán y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires;
DECLARA:
1. Expresa su profunda preocupación por la situación que atraviesa el Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires ante la falta de cobertura de vacantes que implican que aproximadamente el 33 % de las funciones
judiciales se encuentren a cargo de subrogantes. El cúmulo de tareas de los
y las magistradas – que cumplen una doble función, en sus tareas habituales y las que subrogan atenta contra la celeridad de respuesta del sistema judicial.
2. Ante la persistencia de las asimetrías salariales de la magistratura y el
funcionariado insta a los poderes públicos provinciales a realizar las adecuaciones necesarias para cumplir con los parámetros establecidos por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en el fallo Alonso de Martina y
otros, esto es a garantizar por lo menos los ingresos de la media nacional.
3. Resalta la preocupante situación que atraviesa la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chaco, a quienes el ministerio de Economía impide sistemáticamente la recaudación necesaria para su normal desenvolvimiento, incluso incumpliendo una medida judicial firme,
lo que implica una situación de gravedad institucional que debe ser revertido inmediatamente.
4. Recuerda, como lo hizo en otras ocasiones, que es deber de los poderes públicos, garantizar la seguridad del desarrollo de las tareas del servicio de justicia y de sus operadores y operadoras. Los ataques y amenazas a magistrados/as, funcionarios/as, empleados/as y a espacios judiciales
deben ser materia de una politica clara de protección que asegure a los destinatarios del servicio de justicia y a sus responsables la tranquilidad y seguridad imprescindibles. La FAM asume esta línea de trabajo como
esencial.
5. Conjuntamente con ello los temas de bienestar laboral y la prevención de los riesgos psicosociales de las y los integrantes del servicio de justicia deben ser urgentemente puestos en agenda. Es necesario reforzar los canales institucionales para establecer acciones conjuntas entre los
superiores tribunales y los colegios y asociaciones de magistrados/as y funcionarios/as.
6. Afirma que la necesaria modernización del poder judicial y los nuevos diseños procesales no deben desconocer la importancia del funcionariado.
La carrera judicial es un valor que permite la formación de personas comprometidas con el servicio de justicia y la adquisición de conocimientos, destrezas, actitudes y aptitudes para la actuación en los diferentes
conflictos en los que corresponde intervenir a los poderes judiciales y los ministerios públicos.